<b>CORRUPCIÓN Y DERECHOS HUMANOS EN LA ONU, EN SUS COLABORADORES Y EN SUS VIGILANTES</b><br/>CORRUPTION AND HUMAN RIGHTS IN THE UN, IN ITS COLLABORATORS AND IN ITS WATCHERS

Abstract

La ONU, que contempla entre sus misiones la de luchar contra la  corrupción, fundó, el 14 de julio de 1997, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), cuyo objetivo es  luchar contra las drogas y las múltiples manifestacio-nes del crimen organizado transnacional, la corrupción y la prevención del terrorismo. Seis años después, la Asamblea General de la ONU aprobó  (Resolución 58/4. 2003) su primer instrumento jurídicamente vinculante para combatir dicha lacra: la  Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, que entró en vigor en diciembre de 2005. Se  confió   su desarrollo a Expertos y Grupos de Trabajo creados ad hoc, encargándose velar por su aplicación y asegurar su control a la  bienal Conferencia  de los Estados  Parte, de carácter intergubernamental.  Dada la frecuente  dimensión transnacional de la corrupción o la no menos frecuente impunidad de la corrupción local allí donde los funcionarios carecen de controles internacionales, la iniciativa parece a todas luces necesaria  y  plausible.  Desgraciadamente la eficacia de este mecanismo es relativa y su fiabilidad escasa dado que la ONU misma, sus funcionarios, sus colaboradores  de la sociedad civil y hasta ciertas organizaciones autoerigidas en  sus "vigilantes", no se libran de la corrupción que  pretenden  perseguir. Esto  redunda en la erosión de los Derechos Humanos.